¿AMLO es un mal perdedor?

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Lunes 16 de Julio de 2012

El reciente proceso electoral que experimentamos los mexicanos ha vivido tres realidades: una política, que inició con la selección de candidatos y que estuvo presente durante toda la campaña con la oferta que éstos presentaron a los ciudadanos, incluyendo los actos que ahora son base de la solicitud de nulidad de la elección por parte del movimiento progresista que agrupa al PRD, PT y MC; también hay una realidad electoral que declara a EPN como el ganador de la elección presidencial al obtener el mayor número de votos, seguido por AMLO; a esta le precede una realidad jurídica, en esta parte el tribunal tiene la palabra; es, según el artículo 99 de la ley fundamental, garante de la constitucionalidad de los procesos electorales, puesto que según el mismo precepto tiene facultad para resolver respecto de la validez general de la elección y esto necesariamente significa que puede también declarar la invalidez.

El artículo 41 constitucional, por su parte, determina que las elecciones mediante las cuales se renuevan los poderes deben ser libres, auténticas y periódicas; sin duda, son periódicas, cada tres años nos convocan a las urnas. Lamentablemente también cada tres años nos encontramos constantes faltas de libertad y autenticidad.

En esta realidad jurídica la elección presidencial está impugnada, por ello me pregunto ¿AMLO es un mal perdedor? ¿AMLO es un lastre, como lo dijo el diario español El País? ¿Es irresponsable porque no acepta los resultados? ¿No es correcto que impugne la elección?

Desde mi punto de vista impugnar no es sinónimo de mal perdedor, tampoco es irresponsable apelar a la justicia para fortalecer el régimen democrático y darle certeza a uno de los eventos más relevantes para los mexicanos. Tampoco creo que sea un lastre, su contribución a la democratización, a la libertad política ha sido relevante, diría histórica. Se vale impugnar, claro, sobre todo cuando tienes la certeza de que lo que se hizo ahora en esta elección se ha hecho por 70 años, esto es, presionar a través del corporativismo sindical y campesino, gastar sin límites a pesar de topes de campaña, coaccionar, comprar votos, abusar de la publicidad y propaganda; en una palabra: evitar que la voluntad de los votantes se exprese de manera libre e informada.

Bernardo Batiz, lo expresa de manera muy contundente en un artículo que hoy publica en La Jornada “El agravante en la actual elección, comparada con las del siglo pasado, radica en que hoy la televisión no tuvo ningún empacho en presentar encuestas mentirosas e intencionalmente falseadas como parte de la publicidad de un candidato, el suyo”, y nos recuerda el dicho popular de que el que miente roba.

En una palabra, estamos frente a un fenómeno político y social, que genéricamente se denomina fraude, pero que se integra por muchas violaciones a la ley, a la ética y a la voluntad libre de los ciudadanos. Bernardo Batiz expresa que hay una percepción generalizada de que los gastos, en efecto, fueron excesivos, y la compra del voto, masiva; es lo que procesalmente se llamaba la prueba de fama pública, más lo que se conoce como hechos notorios, que las autoridades están obligadas a tomar en cuenta.

Qué bueno que está prevista la impugnación electoral, imagínese si no. Después de todo, lo menos que puede resultar de la disputa jurídica es una mejora sustancial de nuestra imperfecta democracia y quizá pronto en la ley se puedan adicionar las prohibiciones y restricciones sobre lo que hoy se supone una compra de votos, necesarias para hacer cada vez elecciones más equitativas.